Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia Observatorio del Sistema Judicial
Caso Metilfenidato:
El consumo de psicotrópicos por parte de niños, niñas y adolescentes
El Ministerio de Salud Pública fue condenado a proporcionar en el plazo de 20 días información relativa a la importación y fabricación de medicamentos que contienen la sustancia: “metilfenidato”
Información general
En 2005 en el Movimiento Nacional Gustavo Volpe comenzamos la ejecución del proyecto de Observatorio del Sistema Judicial (OSJ) con el apoyo de la oficina de UNICEF en Uruguay.
El OSJ constituye una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia. Se desarrolla mediante dos componentes: un seguimiento de expedientes judiciales (relevamiento y análisis de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales), y un seguimiento de casos relevantes (clínica jurídica orientada al litigio estratégico). Ambos componentes nos permiten realizar un estudio completo de las prácticas judiciales relativas a los procesos por infracciones a la ley penal y de protección en referencia a niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Maldonado, Montevideo y Salto.
La Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia es una innovadora alternativa destinada a estrechar los vínculos entre la comunidad, las organizaciones sociales, la academia y las entidades gremiales. A través de esta actividad los participantes pondrán en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el transcurso de la carrera, y adquirirán experiencia jurídica a través de la promoción de casos reales. Los abogados y estudiantes que integran la Clínica han sido seleccionados luego de una amplia convocatoria en la cual han colaborado instituciones gremiales profesionales y estudiantiles, así como las Universidades que forman a profesionales en el área del derecho.
Es un laboratorio de práctica y reflexión jurídica que trabaja sobre casos de violaciones a derechos en casos testigo o ante situaciones que impactan en el interés público. Actúa mediante diferentes mecanismos de advocacy, promoviendo en particular el litigio estratégico. Los casos son seleccionados por su particularidad y especialidad, aunque en ocasiones se trata de casos testigo, esto es, que reflejaran patrones de violaciones de derechos humanos y cuyos resultados, por su similitud con otros casos, pueden ser aprovechados para tramitar nuevas causas
Para informarse en relación a los requisitos exigidos para postular casos a ser seleccionados por la Clínica Jurídica llamar o concurrir a la Oficina del Observatorio del Sistema Judicial de lunes a viernes de 9 a 15 horas (Movimiento Nacional Gustavo Volpe, Soriano 1280 Telefax: 9011042 – 9087571).
La acción
El día 23 de marzo de 2007 se presentó ante el Ministerio de Salud Pública una petición administrativa en la que se solicitó información relativa a la importación y fabricación de medicamentos que contienen la sustancia: “metilfenidato”.
Una vez transcurrido el plazo constitucional de 150 días contados a partir de la presentación de la petición se configuro la denegatoria ficta (20 de agosto de 2007). Lo que implica que el silencio del Ministerio es considerado como una denegatoria de la solicitud de información. Dicha denegatoria fue recurrida en tiempo y forma el día 29 de agosto de 2007. Ante esta situación y ante el inminente vencimiento del plazo para interponer la acción de amparo, se interpuso esta acción ante el Juzgado Letrado de Familia de 18º turno cuya titularidad le corresponde al Dr. Jesús Ma. Pereira Sucunza.
La información solicitada es indispensable para poder realizar un contralor de la utilización del psicoestimulante realizando un contraste de esos datos con información estadística secundaria demográfica, socio-económica, y referida al sistema educativo. La situación que se pretende examinar se vincula no sólo a la praxis médica- posible sobre diagnóstico generalizado- sino también a la ausencia de estrategias pedagógicas y la estigmatización de los niños y adolescentes que son calificados como hiperactivos.
La transparencia y, más precisamente, el acceso a la información, es tanto un derecho en sí mismo como un medio necesario para el ejercicio de otros derechos. Es un derecho en “sí mismo” en tanto que en una República los ciudadanos no deben expresar motivo alguno para poder acceder a la información que maneja su gobierno. Es un derecho “instrumental” en tanto que sólo por medio del acceso a la información, la ciudadanía puede ejercer otros derechos, tales como el derecho político a elegir a sus representantes o el de evaluar y controlar políticas tendientes a asegurar derechos humanos de la infancia y la adolescencia (derechos sociales primordialmente, pero no solamente). El ejercicio de muchos derechos sólo puede asegurarse por medio de una política pública. De este modo, resulta imprescindible tener acceso a la información respecto de la ejecución de esas políticas para poder evaluarlas[1].
El caso fue en definitiva resuelto por sentencia Nº 146 del 10 de octubre de 2007, en la cual se desestimaron todas las defensas interpuestas por el Ministerio de Salud Pública, quien se opuso en el procedimiento de amparo al petitorio, condenándolo a proporcionar en el plazo de 20 días información relativa a la importación y fabricación de medicamentos que contienen la sustancia: “metilfenidato”.
Este caso constituye un poderoso antecedente de la utilización de la acción de amparo desde un enfoque de derechos, iniciativa llevada a cabo por un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales del derecho.
El Ministerio de Salud Pública ha apelado el fallo, y dicha actitud aparece como claramente inconveniente ante la fuerza de los argumentos esgrimidos en nuestra demanda y la importancia del acceso a la información solicitada a los efectos de poder realizar un contralor de la utilización del psicoestimulante realizando un contraste de esos datos con información estadística secundaria demográfica, socio-económica, y referida al sistema educativo.
Actualmente se encuentra en trámite la segunda instancia y el proceso de intimación y ejecución de la sentencia de primera instancia.
[1] Cf. Saba, Roberto, Derechos sociales, políticas públicas y acceso a la información, en: Seminarios salud y política publica, SEMINARIO VIII, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 2004.
Caso Metilfenidato:
El consumo de psicotrópicos por parte de niños, niñas y adolescentes
El Ministerio de Salud Pública fue condenado a proporcionar en el plazo de 20 días información relativa a la importación y fabricación de medicamentos que contienen la sustancia: “metilfenidato”
Información general
En 2005 en el Movimiento Nacional Gustavo Volpe comenzamos la ejecución del proyecto de Observatorio del Sistema Judicial (OSJ) con el apoyo de la oficina de UNICEF en Uruguay.
El OSJ constituye una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia. Se desarrolla mediante dos componentes: un seguimiento de expedientes judiciales (relevamiento y análisis de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales), y un seguimiento de casos relevantes (clínica jurídica orientada al litigio estratégico). Ambos componentes nos permiten realizar un estudio completo de las prácticas judiciales relativas a los procesos por infracciones a la ley penal y de protección en referencia a niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Maldonado, Montevideo y Salto.
La Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia es una innovadora alternativa destinada a estrechar los vínculos entre la comunidad, las organizaciones sociales, la academia y las entidades gremiales. A través de esta actividad los participantes pondrán en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el transcurso de la carrera, y adquirirán experiencia jurídica a través de la promoción de casos reales. Los abogados y estudiantes que integran la Clínica han sido seleccionados luego de una amplia convocatoria en la cual han colaborado instituciones gremiales profesionales y estudiantiles, así como las Universidades que forman a profesionales en el área del derecho.
Es un laboratorio de práctica y reflexión jurídica que trabaja sobre casos de violaciones a derechos en casos testigo o ante situaciones que impactan en el interés público. Actúa mediante diferentes mecanismos de advocacy, promoviendo en particular el litigio estratégico. Los casos son seleccionados por su particularidad y especialidad, aunque en ocasiones se trata de casos testigo, esto es, que reflejaran patrones de violaciones de derechos humanos y cuyos resultados, por su similitud con otros casos, pueden ser aprovechados para tramitar nuevas causas
Para informarse en relación a los requisitos exigidos para postular casos a ser seleccionados por la Clínica Jurídica llamar o concurrir a la Oficina del Observatorio del Sistema Judicial de lunes a viernes de 9 a 15 horas (Movimiento Nacional Gustavo Volpe, Soriano 1280 Telefax: 9011042 – 9087571).
La acción
El día 23 de marzo de 2007 se presentó ante el Ministerio de Salud Pública una petición administrativa en la que se solicitó información relativa a la importación y fabricación de medicamentos que contienen la sustancia: “metilfenidato”.
Una vez transcurrido el plazo constitucional de 150 días contados a partir de la presentación de la petición se configuro la denegatoria ficta (20 de agosto de 2007). Lo que implica que el silencio del Ministerio es considerado como una denegatoria de la solicitud de información. Dicha denegatoria fue recurrida en tiempo y forma el día 29 de agosto de 2007. Ante esta situación y ante el inminente vencimiento del plazo para interponer la acción de amparo, se interpuso esta acción ante el Juzgado Letrado de Familia de 18º turno cuya titularidad le corresponde al Dr. Jesús Ma. Pereira Sucunza.
La información solicitada es indispensable para poder realizar un contralor de la utilización del psicoestimulante realizando un contraste de esos datos con información estadística secundaria demográfica, socio-económica, y referida al sistema educativo. La situación que se pretende examinar se vincula no sólo a la praxis médica- posible sobre diagnóstico generalizado- sino también a la ausencia de estrategias pedagógicas y la estigmatización de los niños y adolescentes que son calificados como hiperactivos.
La transparencia y, más precisamente, el acceso a la información, es tanto un derecho en sí mismo como un medio necesario para el ejercicio de otros derechos. Es un derecho en “sí mismo” en tanto que en una República los ciudadanos no deben expresar motivo alguno para poder acceder a la información que maneja su gobierno. Es un derecho “instrumental” en tanto que sólo por medio del acceso a la información, la ciudadanía puede ejercer otros derechos, tales como el derecho político a elegir a sus representantes o el de evaluar y controlar políticas tendientes a asegurar derechos humanos de la infancia y la adolescencia (derechos sociales primordialmente, pero no solamente). El ejercicio de muchos derechos sólo puede asegurarse por medio de una política pública. De este modo, resulta imprescindible tener acceso a la información respecto de la ejecución de esas políticas para poder evaluarlas[1].
El caso fue en definitiva resuelto por sentencia Nº 146 del 10 de octubre de 2007, en la cual se desestimaron todas las defensas interpuestas por el Ministerio de Salud Pública, quien se opuso en el procedimiento de amparo al petitorio, condenándolo a proporcionar en el plazo de 20 días información relativa a la importación y fabricación de medicamentos que contienen la sustancia: “metilfenidato”.
Este caso constituye un poderoso antecedente de la utilización de la acción de amparo desde un enfoque de derechos, iniciativa llevada a cabo por un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales del derecho.
El Ministerio de Salud Pública ha apelado el fallo, y dicha actitud aparece como claramente inconveniente ante la fuerza de los argumentos esgrimidos en nuestra demanda y la importancia del acceso a la información solicitada a los efectos de poder realizar un contralor de la utilización del psicoestimulante realizando un contraste de esos datos con información estadística secundaria demográfica, socio-económica, y referida al sistema educativo.
Actualmente se encuentra en trámite la segunda instancia y el proceso de intimación y ejecución de la sentencia de primera instancia.
[1] Cf. Saba, Roberto, Derechos sociales, políticas públicas y acceso a la información, en: Seminarios salud y política publica, SEMINARIO VIII, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 2004.
