miércoles, 3 de octubre de 2007

Caso “intervenciones y detenciones policiales”

Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia
Observatorio del Sistema Judicial



Caso “intervenciones y detenciones policiales”


El Ministerio del Interior fue condenado a proporcionar en el plazo de 45 días información relativa a las intervenciones y detenciones policiales de niños, niñas y adolescentes efectuadas en los últimos tres años



Información general

En 2005 en el Movimiento Nacional Gustavo Volpe comenzamos la ejecución del proyecto de Observatorio del Sistema Judicial (OSJ) con el apoyo de la oficina de UNICEF en Uruguay.

El OSJ constituye una herramienta compleja de estudio e intervención sobre la administración de justicia. Se desarrolla mediante dos componentes: un seguimiento de expedientes judiciales (relevamiento y análisis de una muestra estadísticamente representativa de expedientes judiciales), y un seguimiento de casos relevantes (clínica jurídica orientada al litigio estratégico). Ambos componentes nos permiten realizar un estudio completo de las prácticas judiciales relativas a los procesos por infracciones a la ley penal y de protección en referencia a niños, niñas y adolescentes en los departamentos de Maldonado, Montevideo y Salto.

La Clínica Jurídica de Derechos Humanos de la Infancia y la Adolescencia es una innovadora alternativa destinada a estrechar los vínculos entre la comunidad, las organizaciones sociales, la academia y las entidades gremiales. A través de esta actividad los participantes pondrán en práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el transcurso de la carrera, y adquirirán experiencia jurídica a través de la promoción de casos reales. Los abogados y estudiantes que integran la Clínica han sido seleccionados luego de una amplia convocatoria en la cual han colaborado instituciones gremiales profesionales y estudiantiles, así como las Universidades que forman a profesionales en el área del derecho.

Es un laboratorio de práctica y reflexión jurídica que trabaja sobre casos de violaciones a derechos en casos testigo o ante situaciones que impactan en el interés público. Actúa mediante diferentes mecanismos de advocacy, promoviendo en particular el litigio estratégico. Los casos son seleccionados por su particularidad y especialidad, aunque en ocasiones se trata de casos testigo, esto es, que reflejaran patrones de violaciones de derechos humanos y cuyos resultados, por su similitud con otros casos, pueden ser aprovechados para tramitar nuevas causas

Para informarse en relación a los requisitos exigidos para postular casos a ser seleccionados por la Clínica Jurídica llamar o concurrir a la Oficina del Observatorio del Sistema Judicial de lunes a viernes de 9 a 15 horas (Movimiento Nacional Gustavo Volpe, Soriano 1280 Telefax: 9011042 – 9087571).


La acción de amparo

El día 29 de marzo de 2007 se presentó ante el Ministerio del Interior una petición administrativa en la que se solicitó información sobre las intervenciones y detenciones policiales de niños, niñas y adolescentes efectuadas en los últimos tres años.

Una vez transcurrido el plazo constitucional de 150 días contados a partir de la presentación de la petición se configuro la denegatoria ficta (26 de agosto de 2007). Lo que implica que el silencio del Ministerio es considerado como una denegatoria de la solicitud de información. Dicha denegatoria fue recurrida en tiempo y forma el día 29 de agosto de 2007. Ante esta situación y ante el inminente vencimiento del plazo para interponer la acción de amparo, se interpuso esta acción ante el Juzgado Letrado de Familia de 5º turno cuya titularidad le corresponde a la Dra. Walkyria Raggio Faccioli.

La información solicitada es indispensable para comprobar el efectivo goce del derecho a la libertad y seguridad personal por parte de la infancia y adolescencia de nuestro país, y específicamente verificar la forma en la cual se está dando cumplimiento al principio de excepcionalidad de la detención ordenada por la normativa nacional e internacional consagratoria de derechos humanos de la infancia y la adolescencia.

La transparencia y, más precisamente, el acceso a la información, es tanto un derecho en sí mismo como un medio necesario para el ejercicio de otros derechos. Es un derecho en “sí mismo” en tanto que en una República los ciudadanos no deben expresar motivo alguno para poder acceder a la información que maneja su gobierno. Es un derecho “instrumental” en tanto que sólo por medio del acceso a la información, la ciudadanía puede ejercer otros derechos, tales como el derecho político a elegir a sus representantes o el de evaluar y controlar políticas tendientes a asegurar derechos humanos de la infancia y la adolescencia (derechos sociales primordialmente, pero no solamente). El ejercicio de muchos derechos sólo puede asegurarse por medio de una política pública. De este modo, resulta imprescindible tener acceso a la información respecto de la ejecución de esas políticas para poder evaluarlas[1].

El caso fue en definitiva resuelto por sentencia Nº 132 del 1º de octubre de 2007, en la cual se desestimaron todas las defensas interpuestas por el Ministerio del Interior, condenándolo a proporcionar la información relativa a las intervenciones y detenciones policiales de niños, niñas y adolescentes, efectuadas en los últimos tres años dentro del plazo de 45 días.

Este caso constituye un poderoso antecedente de la utilización de la acción de amparo desde un enfoque de derechos, iniciativa llevada a cabo por un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales del derecho.

El Ministerio del Interior aún puede apelar el fallo referido, sin embargo dicha actitud aparece como claramente inconveniente ante la fuerza de los argumentos esgrimidos en nuestra demanda y la importancia del acceso a la información solicitada a los efectos de comprobar el efectivo goce del derecho a la libertad y seguridad personal por parte de la infancia y adolescencia de nuestro país, y específicamente verificar la forma en la cual se está dando cumplimiento al principio de excepcionalidad de la detención ordenada por la normativa nacional e internacional consagratoria de derechos humanos de la infancia y la adolescencia.


[1] Cf. Saba, Roberto, Derechos sociales, políticas públicas y acceso a la información, en: Seminarios salud y política publica, SEMINARIO VIII, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, 2004.